Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, activistas y movimientos de justicia social de todo el mundo nos movilizamos en resistencia colectiva para defender y promover la salud, los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), y la justicia para todas las personas. Exigimos que los gobiernos cumplan con sus obligaciones en virtud de los mecanismos internacionales de derechos humanos y prioricen la salud y derechos reproductivos en las agendas de desarrollo, reconociendo que no solo es esencial, sino también inseparable para la igualdad de género, la justicia social y el desarrollo sostenible. Reivindicamos y afirmamos el derecho de todas las mujeres, niñas y personas de género diverso a la autonomía corporal. Nos mantenemos en firme resistencia a la creciente oposición y su agenda regresiva —liderada por fuerza antiderechos, facistas, fundamentalistas y autoritarias— que buscan controlar nuestros cuerpos, difundir narrativas antiderechos, alimentar la desinformación, restringir el acceso a la información y los servicios de salud sexual y reproductiva, y revertir los derechos humanos alcanzados con tanto esfuerzo.
El lema del 28 de mayo de 2025, “¡Resistimos en solidaridad: Nuestra lucha, nuestro derecho!”, capta la urgencia y la fuerza de la resistencia colectiva ante el alarmante ataque global contra la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), impulsada por actores antiderechos bien financiados y organizados. Estos ataques no son incidentes aislados ni meros cambios políticos; forman parte de una estrategia deliberada y transnacional arraigada en el patriarcado y el autoritarismo. Unidas por una agenda opresiva compartida, estas fuerzas buscan controlar la autonomía corporal, silenciar los movimientos que defienden los derechos humanos y desmantelar los sistemas de atención y apoyo que defienden la salud y la justicia.
La agenda de la oposición
Leyes y políticas restrictivas
Las agendas antiderechos impulsan políticas legales restrictivas que restringen la autonomía corporal, limitan los derechos reproductivos y criminalizan el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Estas barreras legales suelen verse agravadas por el estigma social, la negativa de los proveedores basada en creencias culturales o religiosas, y los desafíos socioeconómicos que dificultan el acceso a servicios de salud reproductiva y aborto seguros, legales y sin estigma. Incluso en países donde el aborto está protegido constitucionalmente, como Francia, el acceso sigue siendo desigual. La “cláusula de doble conciencia”, por ejemplo, permite a los profesionales médicos negarse a proveer servicios esenciales de aborto legal, lo que, sumado a la desinformación en línea y la creciente presión de los grupos antiderechos, socava aún más el acceso.
En contextos más represivos, las nuevas leyes intensifican estas barreras. En Irán, donde el aborto ya está efectivamente prohibido, excepto en casos de anomalía fetal o riesgo para la vida de la embarazada, el gobierno ha restringido aún más el acceso al aprobar una ley que transfiere la autoridad para aprobar abortos terapéuticos de la embarazada y su médico a un panel compuesto por un juez, un médico y un médico forense. Esta medida refuerza el control estatal sobre las decisiones reproductivas, priva a las personas embarazadas de autonomía e institucionaliza un proceso que impide la atención oportuna y segura del aborto.
Mientras tanto, un número creciente de estados de EE. UU. han tomado medidas para prohibir la atención médica que afirma el género e introducir legislación anti-LGBTQ+, lo que socava el acceso equitativo a una atención médica de calidad y basada en la evidencia. Hasta enero de 2024, 27 estados habían promulgado leyes que restringían el acceso de jóvenes a la atención que afirma el género, a pesar de que todas las principales asociaciones médicas afirmaban su seguridad y necesidad. Mientras otros países experimentan una regresión activa, en Filipinas, leyes progresistas como el Proyecto de Ley de Igualdad SOGIE han permanecido pendientes durante más de 25 años. Grupos conservadores y antiderechos continúan retrasando su aprobación, impidiendo la protección legal contra la discriminación para las poblaciones vulnerables —incluidos los pueblos indígenas, jóvenes, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQIA+—, especialmente en el acceso a servicios básicos, así como en la búsqueda de seguridad y protección.
En 2024, el Consejo Nacional de Transición de Malí aprobó una ley que penaliza la homosexualidad, siguiendo una medida similar de Uganda en mayo de 2023 con la promulgación de la Ley contra la Homosexualidad, una de las leyes anti-LGBTQ+ más severas del mundo, que incluye la pena de muerte para la llamada “homosexualidad agravada”. Estas leyes no solo legalizan la homofobia y la transfobia promovidas por el Estado, sino que también intensifican el estigma, la discriminación y la violencia contra las personas de género diverso. Esta criminalización socava los principios fundamentales de la salud sexual y reproductiva (SSR) al negar a las personas el derecho a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos, acceder a servicios de salud inclusivos y vivir libres de violencia y coerción. Cuando las leyes promueven el miedo en lugar de la protección, marginan aún más a comunidades ya vulnerables, limitando el acceso a servicios vitales de SSR, como la prevención del VIH, la atención de salud mental y el tratamiento de afirmación de género.
Recortes de financiación, reducción del espacio cívico y ataques a los defensores de los derechos humanos
Una estrategia central del movimiento global antiderechos es el recorte deliberado de fondos, la reducción del espacio cívico y los ataques a los defensores de derechos humanos para obstruir el progreso en salud sexual y reproductiva (SSR) y justicia. Las políticas exteriores regresivas, en particular el restablecimiento y la expansión de la Ley Mordaza Global (RGG) por parte del gobierno estadounidense, han conllevado recortes significativos de fondos, interrumpido servicios esenciales de SSR y desatado un efecto disuasorio en la defensa de la salud reproductiva en múltiples países. Al prohibir a las ONG que reciben ayuda estadounidense brindar o promover servicios de aborto, la RGG ha socavado la atención integral a la salud reproductiva en todo el mundo. El efecto dominó de estas políticas se ve amplificado por el auge del nacionalismo aislacionista, las ideologías antiderechos y el fundamentalismo conservador, lo que ha impulsado a otros países donantes a reducir la ayuda exterior a los programas de SSR. Esto ha profundizado las brechas de financiamiento y ha puesto en peligro sistemas de salud críticos, particularmente en el Sur Global.
Estos recortes de financiación se han extendido a las principales instituciones sanitarias mundiales. Actores clave como la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) han enfrentado reveses significativos en sus operaciones y alcance. Se espera que la reciente decisión de los EE. UU. de retener la financiación del UNFPA tenga efectos devastadores en las mujeres, las niñas y los trabajadores de la salud y la ayuda humanitaria que las atienden, particularmente en las crisis humanitarias más agudas del mundo. ONUSIDA ha proyectado que si la financiación a través del Plan de Emergencia del Presidente de los EE. UU. para el Alivio del SIDA (PEPFAR) se retirara permanentemente, podrían ocurrir 4 millones de muertes adicionales relacionadas con el SIDA y 6 millones de nuevas infecciones en adultos para 2029, lo que haría que el objetivo de erradicar el SIDA para 2030 sea prácticamente imposible. Según un informe de las Naciones Unidas, más de la mitad de las organizaciones de ayuda que sirven a las mujeres más vulnerables del mundo ahora corren el riesgo de cerrar dentro de seis meses debido a las restricciones financieras sostenidas.
Junto con estos ataques financieros, la reducción del espacio cívico se ha convertido en una amenaza prominente y creciente. En Europa del Este, Asia Central y partes de Asia y África, los gobiernos están utilizando cada vez más las leyes de “agentes extranjeros” para reprimir la disidencia, intimidar a la sociedad civil y silenciar a las organizaciones que defienden los derechos humanos. La Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA) de la India impone sanciones a las ONG que reciben financiación extranjera sin certificación oficial. De igual manera, la recién aprobada ley de “agentes extranjeros” de Georgia se asemeja a la legislación de países como Eslovaquia, China, Uganda y Camboya. Estas leyes, consideradas una herramienta predilecta de los regímenes autoritarios, atacan directamente a las organizaciones que prestan servicios y apoyo esenciales de salud sexual y reproductiva (SSR) que salvan vidas.
Este entorno político y económico hostil también ha llevado a la despriorización sistemática de la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel nacional. En Argentina, el gobierno del presidente Javier Milei ha suspendido la adquisición y distribución de insumos médicos esenciales para servicios de aborto seguro, como misoprostol, mifepristona y kits de aspiración manual endouterina, lo que bloquea el acceso al aborto seguro y legal. Más allá de las decisiones políticas, muchos gobiernos se ven aún más limitados por la creciente carga de la deuda, que limita gravemente su capacidad para financiar programas de bienestar social, incluida la salud. Estas presiones económicas, sumadas a agendas políticas regresivas, están exacerbando las desigualdades en el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y negando a millones de personas —especialmente mujeres, niñas y personas LGBTQIA+— sus derechos a la salud, la dignidad y la autonomía corporal.
Además, a medida que los espacios digitales adquieren mayor importancia para el activismo y el acceso a la información, la violencia de género facilitada por la tecnología está creando nuevas e insidiosas amenazas para quienes buscan atención médica o defienden sus derechos en línea. Los defensores de derechos humanos se ven cada vez más sometidos a acoso digital coordinado, doxing, vigilancia, criminalización e incluso violencia física, especialmente cuando desafían las narrativas antiderechos o promueven la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
En Filipinas, la Ley Antiterrorista ha suscitado serias críticas por fomentar un clima de temor entre los defensores de derechos humanos, en particular quienes trabajan en salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres. Activistas, abogados, periodistas y líderes sindicales son objeto habitual de discriminación, amenazas, acoso y acusaciones infundadas de terrorismo, especialmente aquellos percibidos como afines a grupos progresistas. De igual manera, la Ley del Ejército Nacional de Indonesia ha suscitado preocupación por la libertad de prensa y el derecho a la libre expresión, en particular para las mujeres y los defensores de los derechos reproductivos. Estas medidas autoritarias restringen la libertad de expresión, criminalizan la defensa de los derechos y erosionan aún más el acceso a información y servicios de salud reproductiva basados en hechos.
La cooptación del lenguaje de los derechos humanos para socavar la salud sexual y reproductiva y la justicia
Una estrategia particularmente insidiosa en el retroceso global de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) es la apropiación del lenguaje de los derechos humanos para impulsar agendas antiderechos. Términos como “valores familiares” y “tradición cultural” se utilizan como arma para presentar los derechos de las mujeres, las personas LGBTQIA+ y las comunidades marginadas como amenazas a la cohesión social y la identidad nacional. La igualdad de género, la autonomía corporal y los derechos sexuales se replantean como desafíos al llamado “orden natural”, lo que permite que ideologías nocivas se presenten como medidas de protección. Al invocar el lenguaje de los derechos y la moral, estos actores ocultan su intención de restringir la libertad reproductiva y socavar los derechos de género y LGBTQIA+ con el pretexto de defender valores religiosos o culturales. Esta táctica no solo oculta violaciones sistémicas, sino que también fomenta el miedo y la confusión, debilitando el apoyo público a las reformas progresistas.
Con el auge de las tecnologías digitales, los actores antiderechos han encontrado nuevos espacios para desafiar el progreso en salud y derechos sexuales y reproductivos. Si bien estas plataformas pueden ser fundamentales para promover el acceso a información y servicios de salud precisos, también se están utilizando como arma para difundir desinformación, acoso y control. Los actores antiderechos las explotan para lanzar campañas de desprestigio, censurar contenido y desacreditar iniciativas basadas en evidencia, como la educación sexual integral (ESI). A pesar de que la ESI es médicamente precisa, apropiada para la edad y culturalmente sensible, estos grupos difunden narrativas antiderechos para bloquear el acceso de los jóvenes a información crucial. El impacto se siente profundamente en las comunidades marginadas, donde el acceso a fuentes alternativas es limitado, lo que refuerza las desigualdades existentes y priva a los jóvenes de las herramientas que necesitan para tomar decisiones informadas sobre su salud y su futuro.
Estos esfuerzos perjudiciales tienen consecuencias tangibles. En África subsahariana, por ejemplo, las tasas de embarazo adolescente superan los 100 nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años, lo que pone de relieve la urgente necesidad de información accesible y precisa sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. En Filipinas, el gobierno ha declarado el embarazo adolescente una emergencia social nacional, lo que subraya aún más la importancia crucial de salvaguardar los derechos de los jóvenes a la educación y los servicios sexuales y reproductivos. Negar estos derechos mediante la censura y la desinformación solo exacerba las disparidades sociales y económicas. Moldavia alguna vez lideró Europa del Este en atención sanitaria reproductiva al ser pionera en servicios de aborto por telemedicina, ofreciendo atención segura, confidencial y accesible a las mujeres, especialmente en zonas rurales. Sin embargo, la reciente prohibición de estos servicios, impulsada por una petición sin fundamento científico, socava los derechos de las mujeres e ignora las directrices sanitarias internacionales, lo que pone de relieve la urgente necesidad de restablecer y proteger el acceso al aborto.
Estos desafíos se ven agravados por la creciente tendencia a eliminar el lenguaje inclusivo del discurso público. Los esfuerzos por eliminar palabras como “mujeres”, “feminismo”, “defensoras” y “activista” de los documentos oficiales indican un intento más amplio de deslegitimar y silenciar los movimientos que trabajan por la justicia de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Esta eliminación no es meramente simbólica, sino que refleja una campaña deliberada para desmantelar la visibilidad, el poder y el progreso de los grupos históricamente marginados y de quienes defienden sus derechos.
Descuidando la interseccionalidad de la salud sexual y reproductiva
Una manifestación clave de la agenda de la oposición es la desatención sistemática a la interseccionalidad en la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR). La superposición de sistemas de opresión —como el género, la raza, la clase, la situación socioeconómica, la discapacidad y la geografía— agrava las barreras que enfrentan las personas para acceder a servicios esenciales. Las comunidades marginadas, incluidas las que viven en la pobreza o en zonas geográficamente aisladas, así como las mujeres, las personas LBTQIAP+, las trabajadoras sexuales, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad, se ven afectadas de manera desproporcionada. Estos grupos sufren múltiples formas de violencia y discriminación, que a menudo se ven reforzadas por normas culturales nocivas y políticas excluyentes.
Por ejemplo, las personas LBTQIAP+ con frecuencia enfrentan criminalización, estigma, violación correctiva, negación de justicia y falta de acceso a atención que reafirme su género. Los pueblos indígenas a menudo sufren el acaparamiento de tierras y la degradación ambiental, mientras que sus Sistemas y Prácticas de Conocimientos Indígenas (SPI) son sistemáticamente ignorados o socavados. Las personas con discapacidad enfrentan barreras sistémicas para acceder a la atención médica materna y a los servicios de aborto, que van desde instalaciones físicamente inaccesibles hasta actitudes discriminatorias por parte de los profesionales de la salud. Mientras tanto, quienes viven en la pobreza o en zonas remotas a menudo no pueden acceder a servicios de SSR asequibles y de calidad sin incurrir en dificultades económicas. La persistente falta de servicios de SSR inclusivos, integrales, accesibles para jóvenes y no discriminatorios no solo desalienta a estas poblaciones a buscar atención, sino que también resulta en diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados y un empeoramiento de los resultados de salud. Estos desafíos, sumados, perpetúan ciclos de desigualdad y marginación.
La creciente crisis climática ilustra aún más las consecuencias de esta desatención. El cambio climático afecta desproporcionadamente a jóvenes y mujeres, especialmente en comunidades rurales y marginadas. Por ejemplo, las mujeres rurales de países en desarrollo enfrentan pérdidas económicas significativamente mayores por eventos climáticos que los hombres. Los hogares encabezados por mujeres pierden aproximadamente un 8% más de ingresos debido al estrés térmico y aproximadamente un 3% más debido a las inundaciones, en comparación con los hogares encabezados por hombres, lo que representa unas pérdidas adicionales estimadas en 53 000 millones de dólares anuales. El desplazamiento inducido por el clima también aumenta el riesgo de violencia de género y restringe el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR), especialmente durante emergencias humanitarias. Estas realidades subrayan la urgente necesidad de enfoques interseccionales y con perspectiva de género en las estrategias de adaptación climática y respuesta a desastres.
En zonas de conflicto, la urgencia de la salud sexual y reproductiva interseccional se acentúa aún más. Las mujeres y las personas de género diverso se enfrentan a una violencia sistemática y extrema, incluyendo el uso de la violencia sexual como arma de guerra. Países como Afganistán, Palestina, Ucrania, Georgia, Sudán del Sur y la República Democrática del Congo demuestran cómo el conflicto devasta los sistemas de salud y erosiona el acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva. Los centros de salud a menudo carecen de fondos suficientes, están saturados o destruidos intencionalmente, dejando a las sobrevivientes sin la atención vital que necesitan. Sin servicios de salud sexual y reproductiva inclusivos, que tengan en cuenta el trauma y estén basados en los derechos, las sobrevivientes de violencia sexual relacionada con el conflicto se ven obligadas a afrontar la recuperación en solitario. Negar la salud sexual y reproductiva en entornos humanitarios no es solo un fracaso político, sino una violación de los derechos humanos fundamentales, que ocurre en un momento en que la atención se necesita con mayor urgencia.
Descuidar la interseccionalidad de la salud y los derechos sexuales y reproductivos no solo erosiona los derechos individuales, sino que también obstaculiza el progreso hacia objetivos más amplios de desarrollo y derechos humanos. El desarrollo sostenible, la resiliencia climática y la igualdad de género no pueden lograrse sin afirmar la autonomía corporal y abordar las complejas barreras interrelacionadas que enfrentan las personas. Centrar la interseccionalidad en las políticas y programas de salud y derechos sexuales y reproductivos es esencial para construir un futuro que defienda la dignidad y los derechos de todas las personas, en particular de los jóvenes, las mujeres y las personas de género diverso, independientemente de sus orígenes o circunstancias.
Historias de resistencia y solidaridad en el avance de la salud sexual y reproductiva
A pesar de los alarmantes retrocesos y la creciente oposición a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), los movimientos por la justicia global siguen aumentando su resistencia, construyendo solidaridad a través de fronteras, generaciones y sectores. En todo el mundo, activistas, comunidades y gobiernos están dando pasos agigantados y progresistas para defender la autonomía corporal y promover la justicia reproductiva para todas las personas.
Un ejemplo contundente es Armenia, donde el 12 de julio de 2024 la Asamblea Nacional aprobó reformas históricas a la Ley de Salud Reproductiva Humana y Derechos Reproductivos. Estos cambios permiten que los abortos médicos hasta la octava semana de embarazo se realicen no solo en hospitales, sino también en centros extrahospitalarios autorizados, ampliando significativamente el acceso. De igual manera, Dinamarca reformó sus leyes sobre el aborto por primera vez en 50 años, ampliando el plazo legal a 18 semanas y permitiendo que las niñas de 15 a 17 años accedan a servicios de aborto sin el consentimiento de sus padres, una afirmación esencial de la autonomía y la autonomía de las jóvenes.
En todo el mundo, los cambios progresivos en la legislación sobre el aborto subrayan el impacto de la defensa colectiva y sostenida liderada por movimientos feministas, organizaciones de base y defensores de los derechos humanos. En más de 60 países, entre ellos India, México, Tanzania y Benín, los gobiernos han respondido a los persistentes llamados para reconocer el aborto seguro como un derecho humano fundamental. Estas reformas legales reafirman lo que los defensores han enfatizado desde hace tiempo: el acceso al aborto seguro y legal no es solo una cuestión de salud pública, sino un asunto crucial de justicia, autonomía física e igualdad de género.
Hitos significativos en 2022 marcaron un avance en los derechos reproductivos a nivel mundial. En febrero, la Corte Constitucional de Colombia fue noticia al despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, un hito para el movimiento de la “ola verde” que aboga por la justicia reproductiva en América Latina. Un mes después, el Tribunal Superior de Kenia falló en contra de los arrestos y procesamientos relacionados con el aborto, fortaleciendo así las protecciones legales para los actores clave en salud reproductiva.
Otras formas de resistencia van más allá de la reforma legal y se centran en los sistemas más amplios de estigma, desinformación y desigualdad estructural. Francia, por ejemplo, implementará educación sexual obligatoria y adaptada a la edad en las escuelas a partir de septiembre de 2025, abarcando temas esenciales como el consentimiento, la identidad de género, el bienestar emocional y el impacto de la pornografía en línea. Mientras tanto, Escocia se convirtió en el primer país del mundo en consagrar el derecho a productos menstruales gratuitos en virtud de la Ley de Productos Menstruales (Disposición Gratuita) (Escocia), un paso sin precedentes para combatir el estigma menstrual y la pobreza menstrual.
El progreso en salud sexual y reproductiva también está estrechamente vinculado a las luchas más amplias por la igualdad de género y los derechos LGBTQIA+. En Grecia, una votación histórica el 15 de febrero de 2024 legalizó el matrimonio igualitario y la adopción, convirtiéndose en el primer país de mayoría ortodoxa en hacerlo, una afirmación de la igualdad y los derechos familiares. Tailandia siguió el ejemplo al promulgar su ley de igualdad matrimonial, que entró en vigor el 22 de enero de 2025, posicionándose como pionera en materia de derechos LGBTQIA+ en Asia. En medio de recortes de fondos globales y políticas regresivas, Australia reafirmó su liderazgo internacional con el lanzamiento de su Estrategia Internacional de Igualdad de Género a principios de 2025, reforzando su compromiso con la política exterior feminista y el desarrollo interseccional.
Estos hitos globales nos recuerdan que la resistencia no solo es posible, sino que prospera. Cada victoria representa años de lucha, valentía y construcción de coaliciones. También reafirman el poder transformador de la acción colectiva, especialmente frente a la oposición organizada y los retrocesos.
En esta coyuntura crítica, el liderazgo de jóvenes, mujeres y activistas de género diverso es más crucial que nunca. La lucha por la salud sexual y reproductiva y la justicia requiere un compromiso comunitario sostenido, la organización intergeneracional y la colaboración intersectorial para derribar las barreras arraigadas y llegar a quienes con mayor frecuencia se quedan atrás.
¡Alzar la voz!
El panorama político de 2025 puede ser complejo, pero también presenta una oportunidad crucial para recuperar espacio, construir y fortalecer alianzas e impulsar una agenda transformadora de salud sexual y reproductiva que priorice la salud, la dignidad y los derechos de las comunidades marginadas, incluyendo a jóvenes, mujeres y personas de género diverso en toda su diversidad. En solidaridad, nos alzamos en resistencia colectiva contra estos ataques y retrocesos, afirmando con valentía que esta es nuestra lucha, por nuestros derechos.
Este 28 de mayo, hacemos un llamado a los gobiernos e instituciones a:
- Integrar la salud sexual y reproductiva y los derechos humanos en las leyes y políticas nacionales para garantizar compromisos internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Traducir estas políticas en servicios y programas concretos y accesibles que impulsen cambios significativos, especialmente en las Zonas Geográficamente Aisladas y Desfavorecidas (ZDES) y las comunidades marginadas.
- Cesar todas las hostilidades militares y poner fin a los conflictos injustos y la ocupación, priorizar los procesos de paz que defiendan los derechos humanos, la dignidad y el bienestar de todas las comunidades afectadas.
- Garantizar un liderazgo inclusivo y equitativo exigiendo la participación significativa de las mujeres, los jóvenes, las personas LGBTQIA+, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad en los órganos de formulación de políticas.
- Despenalizar el aborto y defender el derecho humano a una atención sanitaria reproductiva segura, legal y libre de estigma para todos.
- Garantizar la financiación de los servicios de salud sexual y reproductiva e invertir en sistemas de salud inclusivos y transformadores que prioricen las necesidades de las comunidades marginadas.
- Proteger los espacios cívicos y digitales para garantizar que las personas defensores de los derechos humanos, periodistas y proveedoras de atención médica estén libres de censura, acoso y violencia, tanto en línea como fuera de línea.
- Poner fin a las leyes discriminatorias y las prácticas sistémicas que excluyen o criminalizan a las personas por motivos de orientación sexual, identidad de género, edad, raza, clase o discapacidad.
- Reconocer y proteger a las personas trabajadoras de la salud y defensoras de los derechos, especialmente en contextos de conflicto, posconflicto y en crisis.
- Abordar la salud sexual y reproductiva en las respuestas climáticas y humanitarias, reconociendo la salud y la autonomía corporal como derechos humanos no negociables.
- Combatir la desinformación y las narrativas dañinas que alimentan el estigma y socavan la salud pública mediante la promulgación y aplicación de políticas que penalicen las campañas estigamatizantes y de desinformación deliberadas.
- Afirmar la dignidad menstrual como una cuestión política y de derechos humanos garantizando una salud menstrual accesible, asequible y libre de estigma y eliminando la pobreza menstrual y las barreras estructurales.
¡Tomar medidas!
- Movilizar y organizar. Activar organizaciones y personas activistasy defensoras a nivel local, regional e internacional para conmemorar el 28 de mayo mediante diversos eventos. Organizar talleres comunitarios, foros, marchas, vigilias y caravanas solidarias centrados en la salud de las mujeres y la justicia reproductiva. Facilitar talleres sobre salud sexual y reproductiva para jóvenes, pueblos indígenas y grupos LGBTQIA+, y crear espacios para el diálogo intergeneracional sobre autonomía y salud corporal.
- Alzar la voz. Amplifica tus demandas elaborando y compartiendo mensajes contundentes basados en tus realidades. Escribe cartas abiertas, manifiestos o documentos de posición. Publica blogs, artículos de opinión o fanzines basados en experiencias vividas. Crea conjuntamente materiales de campaña, infografías, carteles y vídeos explicativos, y garantiza la accesibilidad traduciendo los mensajes a los idiomas locales.
- Cabildear y abogar. Involucrar a funcionarios e instituciones gubernamentales para impulsar la protección y el avance de la salud sexual y reproductiva (SSR). Presentar peticiones e informes de políticas. Programar reuniones con grupos legisladores o con las oficinas locales de salud. Exigir un mayor financiamiento para la salud sexual y reproductiva, apoyar la despenalización del aborto y colaborar con personas defensoras y aliadas en el gobierno.
- Combatir el estigma. Organizar talleres y diálogos comunitarios para combatir el estigma que desmientan mitos dañinos y desafíen estigmas en torno al aborto, la menstruación y la sexualidad. Crear espacios seguros para grupos de apoyo y círculos de aprendizaje entre pares que promuevan la comprensión, la empatía y la sanación.
- Ocupa los espacios en línea. Aprovecha las plataformas digitales para liderar el activismo en línea. Organiza manifestaciones virtuales, maratones en redes, historias en Instagram o retos de TikTok. Usa hashtags como #WomensHealthMatters #SRHR4ALL #28DeMayo. Organiza debates en directo por streaming y crea contenido digital (podcasts, reels, vídeos explicativos) para impulsar la participación. Crea peticiones y plataformas de acción en línea para movilizar a tus seguidores.
- Aprovecha el poder de las historias. Refuerza las narrativas personales de mujeres, defensoras y profesionales de la salud. Recopila historias a través de entrevistas, microdocumentales, podcasts o eventos comunitarios de narración.
- Participe en el Artivismo. Utilice la expresión creativa (murales, pancartas, performances, danza y música) para difundir los reclamos de salud sexual y reproductiva y la justicia. Organiza sesiones de arteterapia y actividades artísticas colaborativas para generar un espacio de sanación y reflexión.
- Inspirar la acción. Celebrar los logros locales, los cambios en las políticas y las transformaciones en las normas sociales, y fomentar la concienciación. Compartir perspectivas y estrategias de campañas anteriores mediante informes, foros y narraciones comunitarias. Aprovechar estos momentos para impulsar y guiar futuras iniciativas de incidencia.
- Colaborar. Fomentar la solidaridad intermovimientos con personas jóvenes, trabajadoras, defensoras del clima, personas con discapacidad y otros movimientos basados en derechos. Aliarse con acciones regionales y globales para lograr un mayor impacto. Promover participación comunitaria sostenida y la colaboración intersectorial son clave para derribar barreras y llegar a quienes suelen quedar rezagados.